Chihuahua, Chih.- La diputada Ivón Salazar Morales propuso reformar diversos ordenamientos en el estado para que se integren traductores intérpretes de la lengua Rarámuri en las instituciones de primera atención a mujeres rarámuris víctimas de violencia.
Esta iniciativa contempla que se reforme la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública con la intención de las autoridades estatales y municipales garanticen implementación de traductores intérpretes de la lengua rarámuri en la atención del número único de emergencia.
También comprende modificar Ley del Instituto Chihuahuense de las Mujeres para que sea obligatoria y permanente la presencia de personas traductoras e intérpretes de los diferentes idiomas indígenas.
Dentro de su exposición de motivos, Salazar Morales mencionó que el estado cuenta con una población mayor a los tres años, hablante de alguna lengua indígena, que asciende a 110 498 personas, lo que representa el 3.1% de la población total del estado, de acuerdo con el censo de población y vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
Añadió que Chihuahua ha encabezado la lista de las entidades que presentan mayores desigualdades interétnicas en el Indicé de Desarrollo Humano con una diferencia de 26.1% entre indígenas y no indígenas, según el estudio denominado Violencia de Género contra Mujeres en Regiones Indígenas de México, realizado por un grupo de académicas e investigadoras e en el 2017.
La congresista resaltó que tan solo el año pasado se registraron en la entidad aproximadamente 490 carpetas de investigación en las figuran actores pertenecientes a alguna etnia indígena, sin embargo, un gran número de mujeres indígenas se quedan en la cifra negra, es decir, que no denuncian por vergüenza o miedo a la indiferencia de las autoridades correspondientes, a ser discriminadas por ser por su origen rarámuri, por el color de piel, por su vestimenta o por su idioma.
Además expuso que la violencia de género en sociedades culturalmente diferenciadas y excluidas obliga a ubicar la problemática en un contexto que establezca claramente las condiciones de diferencia, desigualdad y diversidad de las mujeres indígenas.
“Uno de los grandes problemas es que las mujeres indígenas, no solamente, no gozan del pleno derecho a la igualdad, sino que en la mayoría de los casos las leyes en materia de violencia de género son escritas e interpretadas de manera discriminatoria” indicó.
Por otra parte, la legisladora advirtió que la violencia no puede ser justificada en ningún caso, las instituciones y políticas públicas del Estado deben contar con un enfoque de género e interculturalidad, para con ello enfrentar una gran problemática como lo es la violencia de género en las comunidades de Chihuahua.
En este sentido, dijo que es necesario contar con instituciones públicas eficientes y eficaces que garanticen a las mujeres rarámuris el acceso a la justicia, con traductores intérpretes que les brinden la certeza de poder denunciar la violencia que viven, con plena seguridad de que entiendan y comprendan a la perfección la situación que intentan describir, no solo porque es un derecho reconocido en la Constitución y tratados internacionales, también porque esto permitirá recuperar la confianza en las instituciones públicas.
“Es por ello que proponemos la integración de traductores intérpretes certificados, dentro de las instituciones de primera atención a las mujeres víctimas de violencia que eviten la re victimización y que eviten que sean minimizadas o invisibilidades”, recalcó.
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