A cuatro meses de su muerte ocurrida bajo la protección de una institución de asistencia pública, y bajo fuertes denuncias sobre su presunto asesinato a manos de un funcionario del lugar, la falta de verdad y de acceso a la justicia siguen siendo una demanda pendiente en este caso por parte de las autoridades, coincidieron organizaciones, quienes alertaron también sobre las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran los niños y niñas que están institucionalizados en México.
“Desde la sociedad civil queremos reiterar nuestro llamado por esos niños y niñas, cuyas familias afectadas por desigualdades no se encuentran en condiciones de exigir la garantía a sus derechos. Hacemos un llamado a las instituciones para que haya una investigación objetiva y clara que establezca responsabilidades sobre este caso y revele y penalice a la cadena de custodia con base a las evidencias de los hechos denunciados. Es primordial también que se le dé garantía de seguridad a las personas que puedan haber sido testigo de lo ocurrido con el niño para que, quienes que tengan más información, puedan denunciar sin temor”, señaló Tania Ramírez, directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).
Integrantes de las organizaciones recordaron que desde antes de su muerte, la situación del niño Ángel Manuel Moreno, de 14 años de edad, había estado vinculada a otras irregularidades sucedidas en instituciones de niños, niñas y adolescentes a cargo del Estado, entre las que se incluyen su traslado a la sede del DIF Fabriles, luego de que participara en la protesta de una sección de DIF Capullos la tarde del domingo 28 de noviembre de 2021, cuando un grupo de niños y adolescentes se unieron para denunciar presuntos malos tratos en el lugar. A estos hechos se suman también las denuncias reveladas en prensa sobre las deplorables condiciones en las que se encuentran los albergues Fabriles y Capullos, de acuerdo con denuncias sostenidas por la ciudadanía y parte del personal.
“Su traslado a DIF Fabriles, la violencia física a la que fue sometido, su muerte u homicidio detrás de una cremación irregular, señalados por denuncias anónimas, son acciones que conllevan responsabilidades administrativas y penales de funcionarias y funcionarios que no pueden quedar en impunidad", enfatizó Juan Martín Pérez García, coordinador de la iniciativa Tejiendo Redes Infancia, quien alertó que el caso del niño Ángel representa una grave violación a los derechos humanos contra la niñez.
#JusticiaParaÁngel
La petición de #JusticiaParaÁngel es una exigencia de la ciudadanía, quien ha manifestado su respaldo a través de la plataforma de Change.org donde se han recabado más de 13,890 firmas que reclaman justicia y el esclarecimiento de los hechos en el DIF Fabriles.
El pasado 8 de abril, organizaciones promotoras y defensoras de los derechos humanos, la niñez y la migración y activista en México y Estados Unidos unieron esfuerzos en una acción simultánea en la que entregaron oficios junto con las firmas, dirigidos a diversas autoridades como la titular de la representación del estado de Nuevo León en la Ciudad de México, María del Pilar Lozano Mac Donald, así como a funcionarias del DIF Nacional, al Fiscal General del Estado de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, al titular del DIF Nuevo León, Miguel Ángel Sánchez Rivera y a la secretaria del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), Ivette Mecott. Asimismo, en Estados Unidos ante los representantes de los consulados de México en Florida, Miami; Illinois, Chicago; Atlanta, Georgia y en Houston, Texas.
“En esa oportunidad se hizo entrega de las firmas que habían sido recabadas hasta ese momento. Estas autoridades se comprometieron a dar seguimiento al caso de Ángel. Desde entonces, no ha habido avances ni esclarecimiento de los hechos. Esas 13,890 firmas son personas que exigen transparencia e investigación por el caso de Ángel. Hasta que esto no suceda, se buscará seguir visibilizando el caso y exigiendo respuestas por parte de las autoridades, ejerciendo presión a través de las firmas en la petición”, expresó Daniela Schmill, directora de campañas en Change.org México, cuya organización acompañó la acción en ambos países.
Por su parte, Alejandro Rodríguez, coordinador de equipo médico y supplentos de Livinghope Wheelchair Association y representante de la organización Alianza para las Américas, comentó que diversas organizaciones conformadas por comunidades hispanas en Estados Unidos siguen el caso de Ángel con preocupación.
“Hemos coordinado y entregado estás más de trece mil firmas a consulados de México para que las hagan llegar a las autoridades correspondientes y lo sucedido con el niño Ángel Manuel Moreno no quede impune, pues queremos que se esclarezca y se haga justicia”, puntualizó.
En conferencia de prensa, las organizaciones enviaron un mensaje de solidaridad a todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo el resguardo de una institución pública para tengan conocimiento de que en esos lugares tambien existen personas y organizaciones que se encuentran comprometidas en velar por sus derechos, e invitaron a firmar la PETICIÓN de #JusticiaParaÁngel en la plataforma de Change.org.
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