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Chihuahua, Chih- Los diputados de Morena Ilse América García y Benjamín Carrera Chávez votaron en abstención a la iniciativa de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, a fin de derogar un decreto que permitía la terminación anticipada de la concesión con la empresa estatal Fibra Estatal Chihuahua, y que busca una restructuración de la deuda, misma que fue aprobada en la Ley de Fortalecimiento Financiero en el paquete presupuestal del 2022.

Ante la comparecencia del secretario de Hacienda Jesús Granillo, en la comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda, donde explicó que la finalidad es otorgar seguridad jurídica respecto a la operación de los tramos carreteros de jurisdicción estatal y la concesión de los tramos carreteros de jurisdicción federal, así como asegurar que siga operando la empresa Fibra Estatal.

El diputado Benjamín Carrera Chávez realizó varios cuestionamientos respecto a los beneficios de dejar sin efectos la autorización que le fue otorgada a la administración anterior, y dar por terminado de manera anticipada la concesión otorgada a la empresa “Fibra Estatal Chihuahua”, así como el estatus que guarda actualmente la reestructura o refinanciamiento.

Cuestionó también que el beneficio de adquirir estos nuevos compromisos financieros, así como el efecto que tendrá en el gasto corriente, o únicamente se enfoca a la reestructura o refinanciamiento, así como las actuales condiciones de la deuda y circunstancias financieras de la administración.

La adquisición de un nuevo compromiso crediticio para el estado, de acuerdo al secretario, reducirá las tasas de interés de 7 créditos, sin embargo el diputado Carrera Chávez solicitó la documentación comprobatoria del ahorro de los 250 millones, y el destino del mismo.

El secretario manifestó que la autorización para adquirir el nuevo compromiso financiero se realizó con la aprobación del decreto de fortalecimiento financiero en la ley de ingresos del 2022, la cual fue votada en contra por los diputados de Morena, y que podría realizarse en agosto o febrero del próximo año, la cual busca la autorización de una emisión bursátil hasta por 19600 millones de pesos que dejaría remanentes carreteros hasta por 3 mil millones de pesos para obras, pero también alarga la deuda estatal 25 años más.

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