Chihuahua, Chih, a 11 de agosto de 2022.- Los diputados de Morena acudieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, CEDH, a presentar una queja en contra del director estatal del sistema Colegio de Bachilleres, Marco Licón Barraza, como responsable de la Violación de Derechos Humanos de alumnos y familiares.
El coordinador de la fracción parlamentaria de Morena Cuauhtémoc Estrada Sotelo, dijo que la queja está basada en el derecho a la educación, al libre desarrollo de la personalidad y la no discriminación, condiciones que generan exclusión.
El presidente de la CEDH Néstor Armendáriz Loya, recibió a los diputados, quienes le entregaron personalmente la queja y manifestaron su preocupación respecto al impacto que tiene la obligatoriedad para adquirir el uniforme, sobre todo en referencia a la economía de las familias.
El contexto en el que se presenta la obligatoriedad de esta adquisición, condiciona el derecho de los alumnos a la educación y de igual forma al libre desarrollo de la personalidad y no discriminación, expresó.
Agregó que las y los estudiantes de los Colegios de Bachilleres son menores de edad, de tal suerte que las conductas estimadas pueden ser atribuibles a las autoridades responsables y cobran mayor relevancia por tratarse de actos en contra de personas en una situación de vulnerabilidad.
Estrada Sotelo manifestó que, a consideración de la bancada, no es menor el riesgo de la discriminación por circunstancias económicas, un fenómeno que existe pero no debe ser auspiciado por autoridad alguna.
En este sentido, el presidente de la CEDH consideró legítima la preocupación ante la vulnerabilidad que pudiera darse en el contexto de violación a algún derecho, por lo que se comprometió a revisar la posibilidad de aplicar medidas cautelares a los estudiantes que pudieran ser víctimas de algún abuso y violación a sus derechos humanos.
“Les anticipo que está la posibilidad de las medidas cautelares, que podemos solicitar, las emitimos… hay que buscar un equilibrio porque, aunque se pudiera decir que no está en peligro la vida o la integridad de una persona, la colectividad sí, porque se trata comunidad estudiantil, por eso me comprometo a revisar la viabilidad dentro del margen de la legalidad”.
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