Chihuahua, Chih.- Debido a que el Estado Mexicano concretó su adhesión al Convenio de Budapest sobre Ciberdelincuencia desde 2007, pero nunca la ratificó, la diputada priista Ivón Salazar Morales propuso hoy exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que realice las acciones pertinentes para que quede debidamente adherido, en atención a la inseguridad que dijo “impera a nivel nacional en materia de delitos cometidos por medios informáticos”.
De acuerdo con información periodística, este convenio es el primer tratado internacional que busca hacer frente a los delitos informáticos y los delitos en Internet mediante la armonización de leyes entre naciones, por lo que desde su ceración en 2001 se han ido sumando las naciones, otras tantas, como México, han firmado la convención, pero no la han ratificado.
Aunque argumentó su petición a raíz de que “a finales del mes pasado, México fue motivo de primera plana por los más de 6 terabytes de información que fue hackeada de la Secretaría de la Defensa Nacional por un supuesto grupo que se autodenomina “Guacamaya””, la diputada destacó que desde siempre se han registrado altas cifras de ciberataques.
Por ejemplo, durante el 2020 casi el 56% de los ciberataques en los países de América Latina se dirigieron a usuarios o infraestructuras ubicadas en Brasil, mientras que aproximadamente el 28% se dirigieron a usuarios en México. Colombia ocupó el tercer lugar, con más del 10% de los ataques cibernéticos; y para 2021 Brasil permanecía a la cabeza con más de 1,390 intentos de infección por minuto, seguido de México con 299 por minuto; Perú con 96; Ecuador 89 y Colombia 87.
En México, añadió, se estima que los delitos cibernéticos se duplicaron durante los últimos años, al pasar de 6 mil 393 en 2015 a 15 mil 16 en 2020, y a 7 mil 661en la primera mitad de 2021, de acuerdo con datos de la Dirección Científica de la Guardia Nacional, que además tiene identificados al menos 30 tipos de ciberdelitos entre los que está el fraude en comercio electrónico y la difamación, como los que más predominan, así como acoso, amenazas, phishing o suplantación de identidad, extorsión, fraude al usuario de la banca electrónica, robo de contraseñas en redes sociales y otros cometidos contra menores de edad.
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