Por Patricia Ortiz.- El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que contempla modificaciones profundas en materia electoral. Éstas nos darían una democracia más popular y nos alejarían, por fin, del procedimentalismo de élites que nos dejó la mal llamada transición democrática.
Quienes defienden el modelo actual, en el que unos pocos deciden por la mayoría, mienten sin descaro: señalan que se desaparecerá el INE, lo que es absolutamente falso. La reforma del Presidente plantea la transformación del actual Instituto Nacional Electoral (INE) en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), disminuyendo de 11 a 7 consejeros electorales que serían elegidos por voto popular en lugar de ser propuestos por grupos parlamentarios, como sucede actualmente; es decir, se termina con las cuotas de las élites partidistas. Adicionalmente, se modificaría el financiamiento de los partidos políticos: el sostenimiento de sus actividades ordinarias provendría de aportaciones y ya no de recursos públicos y ya no se gastaría el dinero del pueblo en políticos.
Otro cambio importante es la desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) encargados de la organización de las elecciones de gobernador, diputados locales e integrantes de ayuntamientos en cada una de las entidades federativas y cuya existencia es el resultado de otro acuerdo de élites partidistas al que se le denominó Pacto por México, que fue suscrito el 2 de diciembre de 2012 en el Castillo de Chapultepec y que se materializó por medio de una reforma electoral en el año 2014. Desde su surgimiento, los OPLE no han podido justificar su existencia. Son entes integrados por siete consejeros electorales que, en la mayoría de los casos, reciben altos sueldos, lo que los vuelve onerosos si tomamos en cuenta que su función es prácticamente idéntica a la que realiza el INE por medio de sus órganos desconcentrados denominados juntas locales ejecutivas y juntas distritales ejecutivas.
Además, hay funciones en las que de plano ya no entran: desde el año 2014, el INE tiene la facultad exclusiva de integrar e instalar las mesas directivas de casilla en cada una de las secciones electorales que integran los 300 distritos del país y que funcionan como casilla única; es decir, reciben los votos de los ciudadanos para las elecciones locales y federales. Los OPLE sólo auxilian al INE. Ni siquiera les toca capacitar a funcionarios de casilla.
El registro de candidaturas es otra actividad importante del proceso electoral: si bien es una actividad realizada por los OPLE, la realidad es que se utilizan los sistemas informáticos del INE para llevarla a cabo. La verificación de requisitos de elegibilidad y aprobación de candidaturas son actos administrativos que, bajo el correspondiente marco legal, podrían ser realizados por los órganos desconcentrados del INE (que, por cierto, ya lo hacen respecto de las candidaturas federales en cada proceso electoral). Por cuanto al diseño e impresión de documentación y boletas electorales se refiere, los OPLE realizan esta actividad sin autonomía alguna, ya que tienen que cumplir estrictamente con las directrices que marca el INE por medio del reglamento de elecciones y los acuerdos aprobados por su consejo general. Es decir, sólo son intermediarios entre el INE y las empresas que producen dichos materiales.
Por si todo esto fuera poco, los consejeros electorales del INE designan a los consejeros de los OPLE. Casualmente, y a pesar de existir un mecanismo de designación que simula transparencia, en la mayoría de los casos los consejeros de los OPLE son personas con alguna cercanía laboral o personal con los consejeros nacionales que los designan.
Otra modificación importante que tiene al antiobradorismo parado de pestañas es la disminución del número de diputados federales a 300. Se eliminan 200 diputados plurinominales, lo que representa un gran ahorro de recursos públicos. Estos 300 que quedan serán electos mediante un sistema de listas votadas en cada entidad federativa considerando su población total. De igual forma, se disminuye el número de senadores de la República a 96, se eliminan 36 senadores de representación proporcional y ahora todos y todas serán elegidos mediante el sistema de listas.
También se propone que el TEPJF sea la única autoridad jurisdiccional en materia electoral, eliminando a los tribunales electorales de las entidades federativas y generando un ahorro de recursos públicos considerable. Actualmente, las salas regionales y la Sala Superior del Tribunal Electoral son las que resuelven como última instancia los asuntos que son presentados en los tribunales locales; es decir, en los hechos, ya son la autoridad que resuelve los juicios de la materia electoral en todo el país. Además, se propone que las personas magistradas electorales se elijan mediante voto directo de la ciudadanía, fortaleciendo la democracia y participación del pueblo.
Otra transformación importante en la propuesta sería ajustar la cantidad de regidores de los ayuntamientos conforme al número de habitantes de cada municipio, logrando una verdadera representación de la ciudadanía. De igual forma, se propone que la cantidad de diputados integrantes de las legislaturas de los estados sea conforme al número de habitantes y que sean elegidos por medio de listas.
Como se puede apreciar, la reforma electoral representaría un fortalecimiento para la democracia mexicana, incentivaría la participación directa del pueblo y generaría grandes ahorros de recursos públicos; todo lo contrario a lo que los detractores pretenden hacer creer. Las élites del transicionismo tienen que aparentar una preocupación democrática porque su verdadera causa es impresentable: en el fondo, quisieran que éste siguiera siendo el país de unos cuantos.
Agencias
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