Chihuahua, Chih.- Ante los hechos trágicos que se han registrado en últimas horas en Ciudad Juárez, el motín, masacre y fuga masiva en el Centro de Reinserción Social, Cereso, #3, la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso del Estado solicitó hoy a la gobernadora María Eugenia Campos Galván, que el Congreso inicie un proceso de remoción, de acuerdo con el artículo 93, fracción XXII, de la Constitución Política del Estado de Chihuahua.
El coordinador de la bancada morenista Cuauhtémoc Estrada Sotelo presentó el punto de acuerdo en el sesión de la Diputación permanente, donde expuso los urgentes y necesarios cambios que se deben aplicar en la estrategia de seguridad del estado, ante "el descalabro que representa los lamentables hechos de este 1 de enero".
Dijo que debido a los resultados que ha tenido el fiscal general Roberto Fierro, en materia de seguridad "esto exhibe un fracaso en la estrategia, siendo dos acontecimientos principales los que exponen estos resultados, el denominado “jueves negro”, el 11 de agosto del 2022 y que costó la vida de civiles inocentes en Ciudad Juárez, y segundo, el ataque, motín, masacre y fuga masiva de internos peligrosos este 1 de enero, que dejó un saldo de 10 policías custodios fusilados, 25 reos fugados y un escenario de corrupción al interior del penal".
Ante el rechazo de diputados del Partido Acción Nacional, Estrada dijo que no porque una propuesta sea sencilla es simplista "hay una confusión, y tenemos una idea clara de lo que debe hacerse en este tema y por eso lo más sencillo es que el fiscal renuncie, para que no nos meta ni al Congreso, ni al Ejecutivo estatal y menos a la sociedad, ahora que está haciendo el fiscal autoinvestigándose, no es posible", dijo.
Además señaló que no se está partidizando el asunto, pero si politizando porque "son políticas públicas, y así debe tomarse y yo en ningún momento partidicé", aseguró.
En su oportunidad, la diputada panista Carla Rivas dijo que el Gobierno ya está haciendo lo propio para que "la gente vea que si hay alguien que vea por nosotros, además el director del penal ya presentó su renuncia para que lo sepan, y dicen no partidizar pero tampoco podemos criticar solo lo que nos conviene".
En respuesta, la diputada Ilse García puntualizó que él líder criminal no fue procesado en su momento por delitos federales, y luego el diputado de Morena Gustavo de la Rosa dijo otra vez que la invitación es a que el fiscal renuncie de forma voluntaria, rematando con que "para que un reo sea trasladado se requiere todo un trámite que debe seguirse de forma puntual, pero en cosas de emergencia se hace de manera inmediata lo que no se hizo luego de los hechos del 11 de agosto, y quien debía haberlo hecho era el fiscal y no en lo económico, eso no existe, pero no se hizo y hay muchas dudas del porqué no se hizo".
El diputado priísta Edgar Piñón dijo a su vez que el fiscal es un servidor público que está sujeto al escrutinio púbico, pero su renuncia no resuelve nada porque se requiere un análisis profundo y un diagnóstico certero y "efectivamente que se despida a quien se tenga que despedir, pero no con una visión unilaterista y monocromática, porque me pregunto si esto fuera en un penal federal si estarían pidiendo eso, y lo que urge ahora es una acción coordinada para poder lograr atrapar a quienes huyeron, y luego en base (sic) a un diagnóstico certero tomar decisiones".
En una tercera ronda de participaciones, la diputada panista Margarita Blackaller dijo que "parecería que se quiere culpar a la gobernadora Maru Campos" cuando efectivamente el penal estatal de Juárez está bajo el mando y cuidado del orden estatal.
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