Chihuahua.- La diputada Ivón Salazar Morales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional propuso que se devuelvan las atribuciones a las Entidades Federativas para legislar los códigos civiles y familiares hasta que el Congreso de la Unión no expida una legislación única en esa materia.
La iniciadora refirió que el 15 de septiembre del 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma constitucional que facultó al Congreso de la Unión para legislar en materia procesal civil y familiar, por lo que a partir de ese momento continuaron vigentes los códigos estatales, así como el Federal de Procedimientos Civiles, pero las legislaturas locales perdieron la atribución de modificarlos.
En dicha reforma que el Congreso de la Unión tendría 180 días para expedir la Legislación nacional en materia procesal civil y familiar; sin embargo, ya han pasado 3 legislaturas federales y casi 6 años y no se ha expedido, pese a que han sido presentadas varias propuestas de Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
La legisladora señaló que a consecuencia de la pandemia ocasionada por el COVID -19, muchos tribunales se vieron en la necesidad de suspender actividades y por tanto se vieron afectados los derechos de los justiciantes, sin embargo, pese a ese estado de excepción, no fue suficiente para expedir un nuevo código en el que se establecieran las medidas excepcionales para este tipo de eventos fortuitos.
Resaltó que los estados se encuentran impedidos para hacer adecuaciones necesarias a los Códigos, lo que se refleja en el entorpecimiento en la administración de justicia en favor de las y los ciudadanos.
En ese sentido, Salazar Morales indicó que es oportuno reconocer que si en 6 años no se ha expedido un código nacional en materia de procedimientos civiles y familiares es porque o no ha habido consenso o simplemente no hay interés y que cabe señalar que ha sido de motivo de pronunciamiento por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“Por esta y otras razones es que se considera urgente, se expida la Legislación nacional en materia de procedimientos civiles y familiares, motivo por el que se hace necesario, que hasta en tanto esta no se expida, se devuelvan las atribuciones a las Entidades Federativas para legislar en dicha materia”, enfatizó.
En ese sentido, también exhortó a las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México, a que se pronuncien ante el Congreso de la Unión para que se les otorgue de nuevo la facultad de legislar en materia procesal civil y familiar.
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