Chihuahua, Chih.- Ocho meses después de que la diputada de Morena Leticia Ortega Máynez, a nombre de la bancada, presentó un recurso de queja en contra de la actual presidenta del Congreso del Estado Adriana Terrazas Porras, por supuestas conductas contrarias a la normatividad interna de su partido, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena determinó no tener competencia para resolver el asunto.
En el acuerdo que fue emitido desde el 10 de febrero de este año y circulado por el equipo de Terrazas este miércoles, se basa en la SENTENCIA de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 2020, respecto a la amonestación pública que recibió el entonces coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal Ávila, por una supuesta influencia en la conformación de la Mesa Directiva del Senado de la República.
De tal suerte, se determinó que ese órgano jurisdiccional partidista “no tiene competencia para sustanciar los asuntos que le sean planteados relativos a legisladores de cualquier ámbito, aun siendo militantes, afiliados y emanados de este partido político nacional, dado que dicha Sala considera que los legisladores gozan de una protección especial en el desarrollo de sus funciones legislativas, en las cuales no tiene jurisdicción esta Comisión”.
Así, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena consideró que “en el presente recurso de queja intrapartidario nos encontramos ante hechos que, de acuerdo al criterio de la Sala Superior del Tribunal, no son competencia de esta comisión jurisdiccional partidista, por lo que se acuerda la improcedencia del mismo”.
Apenas este mismo miércoles, el coordinador de la bancada de Morena en el Congreso local Cuauhtémoc Estrada dijo que el trámite de expulsión de la bancada de la diputada Adriana Terrazas está todavía está vigente, y que “podría concluir en dos tres meses si le damos agilidad”, aun cuando con su inadmisión a un proceso, la Comisión de Honor habría resuelto que Terrazas “no ha incurrido en faltas a la normatividad partidista, al haber aceptado ser propuesta por parte de los partidos políticos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, para ocupar el cargo de presidenta de la Mesa Directiva”, ya que los partidos políticos están condicionados a “regir su actuación conforme a los mandatos jurídicos establecidos en la Constitución, sin que tengan atribuciones para someter a procedimiento sancionador a los legisladores por actuaciones en el ejercicio de su actividad parlamentaria”.
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