Así lo señala la organización Transparencia Mexicana, dedicada a estudiar y combatir la corrupción, cuya investigación revela que solo el 16% (277) del total de los legisladores del país presentó y publicó sus intereses, como lo establece la legislación mexicana, y el 84% restante, es decir 1,462 de 1,739 legisladores, no publicaron su declaración de intereses, la testaron, la dejaron en blanco, reservaron la información, utilizaron un formato distinto al que la ley mandata o simplemente, dijeron “no tener intereses”, entre ellos se encuentran los 33 de Chihuahua.
En México, la ley establece que todo servidor público tiene la obligación de presentar y publicar una declaración de intereses para verificar que las decisiones tomadas se hagan en nombre del interés público y no para su beneficio personal. Y la Ley General de Responsabilidades Administrativas fija el 31 de mayo como la fecha límite para hacerlo, y es que cuando un legislador o legisladora no hace pública la información sobre sus intereses personales –por ejemplo, si participa en empresas, sociedades, fideicomisos, organizaciones, sindicatos o tiene clientes en el sector privado o público– incrementa el riesgo de conflicto de intereses durante su mandato.
A nivel federal, se encontró que el 69% (433 de 627) legisladoras y legisladores federales de la Cámara de Diputados y de Senadores no revelaron información sobre aquellos intereses personales que pueden entrar en conflicto al momento de tomar una decisión pública, mientras que, en el ámbito estatal, 93% (1,029) de los 1,112 legisladores y legisladoras de los 32 congresos estatales, se encuentran en los mismos supuestos de no revelar sus intereses.
Los 18 Congresos estatales en los que no fue posible conocer los intereses de ninguno de sus legisladores, son los de Baja California, Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
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