Chihuahua, Chih. – La diputada por el distrito VI Jael Argüelles denunció hoy que el gobierno de Maru Campos se niega a brindar mejores condiciones de salud a las y los chihuahuenses, pues no está aplicando la gratuidad de los servicios médicos.
En su intervención, la legisladora acusó que el Instituto Chihuahuense de Salud (ICHISAL) se cotiza como hospital privado pues en su tabulador de servicios médico-asistenciales existen tarifas como la aplicación de una inyección en 209.55 pesos, una curación en 297 pesos, una consulta en 580 pesos, e incluso 460 pesos por una consulta de psicología o nutrición, un parto y puerperio se cobra en 9 mil 968 pesos y una cesárea en 23 mil 351.87 pesos.
Es por ello, que desde la denuncia y demanda ciudadana exhortó a la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo Estatal, a través de Ichisal, para que hagan efectivo el “Acuerdo mediante el cual se aprueba el tabulador de servicios médico asistenciales para el año 2023”, asegurando la gratuidad de los servicios enlistados para quienes no cuenten con afiliación a servicio médico o seguridad social y que dichos organismos amplíen el cuadro básico de medicamentos, garantizando el acceso a los servicios que inciden en la garantía al derecho a la salud.“La salud no debe ser un privilegio, es un derecho del que todas las personas deben gozar. Los servicios que se brindan para que existan las mejores condiciones de salud deben ser abiertos, accesibles y no discriminar por ninguna razón a nadie”, precisó
Y es que, tanto Servicios de Salud de Chihuahua, como el Instituto Chihuahuense de Salud (ICHISAL), son organismos descentralizados que atienden a la población que no cuenta con seguridad social, y cuyos servicios no deben ser cobrados, situación que se contraviene con el “Acuerdo mediante el cual se aprueba el tabulador de servicios médicos asistenciales actualizado”, publicado el pasado 7 de junio.
Para concluir, la congresista informó que otra situación que los ciudadanos le reportaron es que en ICHISAL existe una carencia de medicamentos, tanto de patente como de básicos para poder atender apropiadamente a las y los derechohabientes, por lo que el médico se encuentra imposibilitado de brindar una solución a los problemas de salud con las herramientas que cuenta por parte del servicio, y el mismo paciente debe adquirir de manera particular el medicamento que requiere, lo que resulta en perjuicio de la economía familiar.
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