Por María Antonieta Pérez Reyes.- El 9 de octubre en representación de 9 familias, he presentado Demanda o Reclamación por Responsabilidad Patrimonial en contra de: la Sria de Seguridad Publica, de la Fiscalía Especializada y la Dirección en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado así como en contra de la Dirección de los CERESOS, por ser responsables de los asesinatos de los empleados caídos en cumplimiento de su deber en el mortal motín del primer día del 2023.
A nueve meses de la tragedia que enlutó nuevamente a familias juarenses la justicia para ésas familias apenas comienza, a petición de los deudos y en estricto sentido de justicia social como Diputada Local representaré ante las autoridades correspondientes a fin de exigir indemnización millonaria acorde al daño emocional, familiar, al proyecto de vida de todos y cada uno de los miembros de esas familias.
El nivel de desinterés de la Fiscalía General desde septiembre del 2021 fue patente ya que una vez hubo cambio de gobierno estatal, en dieciséis meses no hubo un diagnóstico sobre el estado que guardaba el CERESO 3 de Cd. Juárez, no obstante, hubo un evento trágico llamado “jueves negro” que puso al descubierto la ingobernabilidad que prevalecía en ese centro de readaptación. La corrupción de los responsables y obligados a preservar la correcta operación del CERESO 3 detonó cobrando vida de seres humanos inocentes como los 10 custodios, que en su lugar y horario de trabajo carecían de medidas de seguridad mínimas como lo marcan las leyes y reglamentos competentes.
Posteriormente la recomendación de la CNDH con número de expediente 132/2023 del día 31 de julio además de fincarle al Gobierno del Estado 14 recomendaciones, determinó en resumen lo siguiente:
1.- La introducción y permanencia de objetos prohibidos al interior del CERESO no. 3
2.- La INSUFICIENCIA de personal de seguridad en el centro de readaptación en mención
3.- Se comprobaron las condiciones de autogobierno y/o cogobierno y presencia de actividades ilícitas en el CERESO 3
4.- Se comprobó y se confesó una sobrepoblación del 40% lo que provocó un factor de riesgo que incidió en la adecuada gobernabilidad en el lugar de reclusión.
5.- La propia autoridad confesó que el número de personal de seguridad y custodia en los dormitorios era insuficiente
6.- Se comprobó una inadecuada clasificación penitenciaria de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Nacional de Ejecución Penal
7.- Se comprobó la falta de capacitación del personal de seguridad y custodia, así como la implementación de protocolos de emergencia del CERESO
8.- Por lo anterior la CNDH determinó la violación a los derechos de seguridad jurídica, a la legalidad, a la integridad personal y a la vida en perjuicio de las víctimas.
En la recomendación PRIMERA de la CNDH establece que el Gobierno del Estado de Chihuahua debe proceder a la inmediata reparación integral del daño que incluye una compensación en términos d la Ley General de Victimas.
Más allá de los derechos de indemnización a que tienen acceso los deudos, deseo con ésta Demanda o Reclamación sentar precedente en donde el Gobierno Estatal sin importar de que partido emanen, sepan que sus empleados o funcionarios no son simples códigos en sus bases de datos, debe entender el Gobierno de Chihuahua que son seres humanos cuya integridad está bajo su responsabilidad y deberá procurarles todas las medidas de seguridad necesarias, de lo contrario deberá indemnizar con cantidades millonarias a los deudos.
La gobernadora María Eugenia Campos Galván en las honras fúnebres de los custodios con gran consternación por la pérdida de esos hombres al servicio de su gobierno, hizo patente su disposición de solidaridad, es por eso que en el exhorto que hoy presenté ante el Congreso del Estado, solicito que las instancias demandadas se allanen a todas y cada una de las prestaciones plasmadas y solicitadas por las viudas que perdieron a sus esposos y compañeros de vida así como por los niños, niñas y adolescentes que perdieron a sus padres.
En coordinación con mi equipo de asesores y abogados de ¨Lex Iusta´ empezamos este proceso con el compromiso de que haremos uso de todos los recursos diplomáticos, legales nacionales o internacionales de ser necesario para que el Gobierno del Estado de cumplimiento a las indemnizaciones solicitadas.
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