Chihuahua, Chih. - Abogados chihuahuenses obtuvieron un amparo en contra de la reforma de la Ley Minera que promovió el Gobierno federal en este junio, que busca reducir el tiempo de las concesiones mineras de 50 a 15 años y que al ser avalada las reduce a 30, según informó hoy el Clúster Minero de Chihuahua.
Fue el propio presidente del Clúster Pablo Méndez, en conjunto con César Holguín, del bufete Derecho Minero y Constitucional de EC Rubio, quienes interpusieron el amparo argumentando violaciones al proceso legislativo que dio origen a las reformas impugnadas.
De acuerdo con el mismo Clúster “el juzgado determinó que, en efecto dichas violaciones resultan en la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de la reforma, por lo que con esta sentencia lograda por los abogados del despacho EC Rubio, se obtiene un importante precedente para otras demandas”.
Con esto, las leyes que actualmente regulan el uso del agua, el equilibrio ecológico y protección del ambiente en general, resultan “adecuadas para responder a un aprovechamiento responsable de los minerales y metales, con un manejo responsable del medio ambiente”, por lo que, la Ley Minera, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al ambiente, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos en materia de concesiones para minería y agua, se quedan como actualmente están.
Se detalló que previo a la reforma, la minería operaba con una ley que le imponía diversas obligaciones sociales y ambientales, principalmente en materia de agua, a una disposición adecuada de residuos peligrosos y no peligrosos, a un manejo de flora y fauna, a controlar las emisiones a la atmósfera, entre otras obligaciones cuyo cumplimiento era primordial para las empresas mineras.
Sin embargo, la reforma planteó nuevas reglas que “más que procurar la protección al medio ambiente y el mejoramiento de la industria minera, ahuyentan al inversionista y retroceden su desarrollo, pues estas plantearon un cambio radical a la forma en la que la industria minera operaba en México, restringiendo derechos e imponiendo obligaciones que solo pocas empresas pueden soportar, lo que se traduce en una operación poco rentable que pone en riesgo a la actividad minera y al desarrollo minero-metalúrgico en México”.
Se puso a disposición el correo pablo.mendez@ecrubio.com para quienes tengan consultas adicionales respecto al tema, ya que se espera que el anuncio sea precedente para otras demandas presentadas y que se encuentran en proceso ante los Tribunales Federales.
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