Por Omar Bazán.- Actualmente nuestros bosques se ven amenazados por la tala, la sequía y el control del crimen organizado que ha convertido la explotación de grandes extensiones de bosques en un negocio sangriento y redituable para ellos.
En nuestra legislación no está presente el término ecocidio como delito, pero eso no quiere decir que enfrentamos dicho problema en todos nuestros ecosistemas.
Existe la urgente necesidad de abordar estos problemas para preservar la riqueza natural de esta tierra y erradicar con más contundencia las afrentas contra el ambiente.
La inacción que va de la legislación a la práctica, la violencia sistematizada contra los habitantes de los bosques, principalmente hacia los pueblos indígenas y la falta de respuesta ante las denuncias, son parte de la gran problemática que enfrentan los bosques de Chihuahua.
La tala clandestina en el estado de Chihuahua ha terminado con una superficie boscosa de al menos 17 mil hectáreas de recurso natural, de acuerdo a las acciones que ha venido emprendido la Fiscalía General del Estado, donde han logrado asegurar a más de veinte personas y por lo menos 70 camiones involucrados en esta actividad ilegal.
En dos años se presentaron 63 carpetas de investigación, lo que ha terminado con la detención de más de veinte personas, se han realizado cateos en aserraderos, donde por lo menos 12 establecimientos fueron asegurados, por no contar con los permisos correspondientes para manipular o recibir la madera.
Los estados que mayor afectación por tala clandestina reportan a nivel nacional son Chiapas, Oaxaca y Chihuahua, que son los puntos donde parte la madera para su comercialización de acuerdo a las estadísticas e información que recaban las autoridades a nivel estatal y nacional.
Chihuahua, con su belleza natural y biodiversidad única, se enfrenta a desafíos ambientales significativos. La ausencia de legislación específica sobre ecocidio destaca la necesidad de una acción urgente.
Preservar la riqueza natural de Chihuahua no solo es esencial para la biodiversidad, sino también para el bienestar de las comunidades locales y el compromiso con un futuro sostenible. La implementación de políticas ambientales efectivas y la promoción de prácticas sostenibles son imperativas para revertir la tendencia del ecocidio y garantizar la protección a largo plazo del entorno natural de Chihuahua.
La nueva legislación quedaría: “comete ecocidio quien dolosamente cause un daño grave al ambiente, por la emisión de contaminantes, la realización de actividades riesgosas o la afectación de recursos naturales”.
Y las penas: se impondrá una pena de 5 a 12 años de prisión y multa de cinco mil a diez mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización a quien:
I. Provoque la destrucción, pérdida total o daño irreparable a un ecosistema que abarque una superficie de cuando menos 10 hectáreas;
II. Provoque daño a un ecosistema cuya afectación y sus impactos duren al menos 4 meses;
III. Provoque daño a un ecosistema donde habite o exista una especie endémica o en peligro de extinción; o
IV. Cause la contaminación del agua y el suelo por vertidos químicos.
Las penas anteriores aumentarán en un tercio cuando el ecocidio sea cometido en Áreas de Valor Ambiental y Áreas Naturales Protegidas.
Además de las sanciones previstas, quien cometa este delito, estará obligado a la compensación y reparación integral del daño.
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