Por Sibely Cañedo.- México se ha convertido en una gran fosa. Ya sea a manos del crimen organizado o de las fuerzas estatales corruptas, el caso es que al día de hoy podemos hablar de más de cien mil personas desaparecidas forzadamente: una cifra que por más grande que sea –y por más que como un mantra sea repetida– no puede dar cuenta del sufrimiento de las familias que han perdido sus hijos, sus hijas, madres, padres, hermanos, sus seres queridos.
A más de una década de la mal llamada “guerra contra el narco” y de otros episodios de nuestra historia como la “guerra sucia” o los años de macrocriminalidad en que la delincuencia organizada ha ejercido un control territorial sobre vastas regiones, podemos afirmar que somos una sociedad de ausentes, una sociedad de ausencias dolorosas, donde corren más peligro las madres que buscan a sus hijos e hijas que los criminales que les desaparecen.
Somos un país donde la cantidad de personas desaparecidas, de fosas clandestinas, de cuerpos sin identificar, ha colapsado el sistema de justicia y ha generado una crisis forense que parece meternos en un túnel sin salida, sobre todo porque la respuesta institucional ha sido ambigua y débil.
No han bastado los presupuestos ni las comisiones de búsqueda para encontrar a quienes nos faltan. Y lo más grave: tampoco para evitar que se siga desapareciendo a las personas de manera impune.
En esta vorágine, las notas positivas saltan a la vista como destellos en la oscuridad, y es por eso que el tema de hoy es una de ellas.
YUCATÁN: LA HISTORIA DE UN COMPARATIVO Y DE UNA ACCIÓN SOLIDARIA
Sucedió en Yucatán. Después de seis años de omisión, el pasado 15 de diciembre, el Congreso del Estado aprobó la Ley en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, de manera homologada con la Ley General, lo cual implica la asignación de recursos y la creación de una comisión local de búsqueda con participación de colectivos y ciudadanos, entre otras medidas.
Los legisladores no actuaron por motu proprio. Se vieron orillados por la exigencia de una ciudadana, que tuvo el valor civil de exponer públicamente su historia, de exhibir las negligencias de la Fiscalía y de presentar un amparo por la omisión legislativa en el estado de Yucatán.
Tras diez años de buscar a su madre y hermana, la señora Wuendi Araceli Durán Monforte dio su testimonio para el reportaje Desdeñan a los desaparecidos tanto en Sonora como en Yucatán, los dos extremos de la violencia en México.
La investigación se hizo con apoyo del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte (Border Hub), con la intención de hacer un comparativo de frontera a frontera sobre el problema de la desaparición forzada.
De entrada se advierte que la situación de ambos estados es contrastante. Mientras Sonora es uno de los estados más violentos del país, a Yucatán se le considera uno de los más seguros, siendo esta una de las razones por las que al parecer había reticencia a destacar en la agenda pública el tema de las personas desaparecidas, pues prevalece la idea de que allí no hay problemas de este tipo y no conviene espantar a la población.
Así lo mostraron las estadísticas reveladas por el reportaje. Desde 2018 y hasta 2021, Sonora sumó 2 mil 399 personas con reporte de desaparición, aunque sólo existían ante la Fiscalía seis carpetas de investigación, mientras que Yucatán registraba 522 personas bajo el estatus de desaparecidas y no localizadas.
Sin embargo, el patrón común no se encontró tanto en los números, sino en los procedimientos y en la forma de operar de las autoridades. En ambas entidades, sobresalieron las negligencias y la falta de interés por resolver la problemática, por investigar y entregar a las personas desaparecidas a sus familiares.
En Yucatán esto se hizo palpable con la historia de la señora Wuendi Araceli Durán Monforte.
En 2013, su madre y hermana son asesinadas y desaparecidas; y aunque se presentaron las denuncias correspondientes y en 2017 las encontraron en una fosa clandestina y fueron identificadas, para 2022 la Fiscalía continuaba sin entregar sus restos.
Como organización aliada del Border Hub, Iniciativa Sinaloa arrancó una serie de acciones para incidir en un cambio en esta situación tras la publicación del citado reportaje.
En Sonora, apoyó la presentación de quejas ante la CEDH y presentó una denuncia administrativa contra personal de la Fiscalía; mientras en Yucatán entregó a la Comisión del Estado una iniciativa para crear la ley estatal en materia de desaparición forzada, debido a que el Congreso del Estado presentaba un rezago respecto a lo que indica la Ley General en esta materia.
Como no hubo respuesta de la Legislatura, se brindó asesoría a Wuendi Araceli Durán Monforte para presentar un recurso de amparo indirecto en contra del Congreso del Estado. La señora Wuendi Durán logró argumentar de manera convincente que la omisión legislativa afectaba sus derechos humanos, así como los de miles de personas más en esta entidad del Sureste mexicano, por lo que el Juzgado Tercero de Distrito emitió una sentencia favorable a la ciudadana.
El 22 de junio, la Jueza Karla Alexandra Domínguez Aguilar determinó que la omisión “tiene como consecuencia la afectación real y directa de un derecho constitucional”.
Finalmente, el 15 de diciembre de 2023, el Congreso del Estado de Yucatán aprobó la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares para el Estado de Yucatán.
En el proceso, la Fiscalía también se vio obligada a entregar a Wuendi Durán los restos de su mamá y hermana.
Todo ello fue producto de un esfuerzo ciudadano y solidario, donde la clave se ubica en la unión de periodismo, sociedad civil y autonomía de poderes.
No pretendemos en este espacio que la sola aprobación de una ley sea suficiente para abatir una tragedia como esta, pero sí nos muestra esta historia una vía de incidencia que no debemos abandonar. Tampoco debemos dejar de lado el seguimiento ciudadano a la implementación de la ley.
CRONOLOGÍA DE UNA ACCIÓN DE INCIDENCIA EXITOSA
06 MAYO 2022
Publicación de reportaje “Desdeñan a los desaparecidos tanto en Sonora como en Yucatán, los dos extremos de la violencia en México”, con apoyo del Border Hub.
30 DE AGOSTO DE 2022
Se inicia campaña #ActúaPorLxsDesaparecidxs. Ante la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, Iniciativa Sinaloa entrega propuesta de ley estatal en materia de desaparición forzada de personas en Yucatán, de forma homologada con la Ley General.
Ciudadana Wuendi Araceli Durán Monforte presenta queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Yucatán y exige resultados a la Fiscalía para identificación y entrega de su madre y hermana, asesinadas y desaparecidas en 2013.
28 DE MARZO DE 2023
Al no haber respuesta por parte los legisladore para aprobar la iniciativa de ley, la señora Wuendi Araceli Durán Monforte interpone un recurso de amparo indirecto por la omisión legislativa de al menos 6 años, con apoyo de Iniciativa Sinaloa y el abogado Moisés Velásquez.
22 DE JUNIO DE 2023
Juzgado Tercero de Distrito del Poder Judicial de la Federación falló a favor de la ciudadana Wuendi Araceli Durán Monforte, quien con respaldo de Iniciativa Sinaloa y el Border Hub se amparó en contra del Congreso del Estado por su omisión legislativa.
15 DE DICIEMBRE DE 2023
En sesión ordinaria, el Congreso del Estado de Yucatán aprueba el dictamen de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública que propone aprobar el decreto 723/2024 por el que se expide la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares para el Estado de Yucatán
12 DE ENERO DE 2024
El decreto 723/2024 es publicado en el Diario Oficial del Estado de Yucatán para su entrada en vigor
¿PERO QUÉ PASA EN OTROS ESTADOS?
Es de recordar que el 16 de abril del 2018 concluyó el tiempo límite para que los estados aprobaran sus legislaciones en el marco de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, como lo marca el artículo 9o transitorio de dicha legislación, promulgada el 17 de noviembre de 2017.
Luego de hacer una revisión nos encontramos que si bien todos los estados cuentan con una comisión para la búsqueda de personas desaparecidas, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Búsqueda; todavía hay estados sin una ley especializada en desapariciones forzadas.
Esto es lo óptimo para dar certidumbre jurídica a las víctimas y sus familiares, garantizar la continuidad de los programas y acciones de búsqueda y los presupuestos pertinentes, así como para alinear objetivos y procedimientos con la estrategia nacional.
Del total, 22 estados de la República ya emitieron la ley respectiva, 4 lo han hecho de forma parcial y 6 continúan en rezago. Lo más preocupante es que entre estos estados se encuentran algunos de los más afectados por la violencia y las desapariciones.
Es el caso de Tamaulipas, que de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y/o No Localizadas (RNPDNO), aparece solo después de Jalisco con 12,924 personas reportadas en esta situación y que continúan sin ser encontradas.
En los casos de Sonora y Guerrero, que se ubican entre las diez entidades con más desaparecidos (4,361 y 4,121, respectivamente), solo han legislado de manera parcial.
El primero cuenta con la Ley que crea la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora; mientras que en Guerrero sigue vigente una ley de 2005 pero sin ser homologada con la actual Ley General, según información disponible en los portales de los congresos.
 | ||
| Fuente: Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. |
Esto nos indica que en varios estados, incluyendo algunos de los más violentos, persiste la resistencia del Poder Legislativo y de los gobernantes a reconocer y atender esta problemática. Como se indicó antes, no es que la promulgación de leyes sea la solución por sí misma, sin embargo, ayuda a establecer un marco normativo común para las acciones de búsqueda y la integración de las familias en las políticas estatales o nacionales.
Sin duda, hay mucho por hacer en este tema, pero la experiencia de Yucatán impulsada desde la ciudadanía puede brindar un precedente jurídico y un poco de esperanza, en medio del llanto de tantas familias.
Estados que cuentan con ley en materia de desaparición forzada de personas.
Hola, déjenos un comentario