Por Katya Galán.- Hoy, en Ciudad Juárez, fue detenido por la policía municipal un grupo de manifestantes conformado, en su mayoría, por adultos y adultas mayores que gritaban consignas afuera de la caseta de vigilancia del fraccionamiento donde habita el alcalde Cruz Pérez Cuellar, exigiendo que este no sea postulado por MORENA para la reelección.
En México, a pesar de la proliferación descontrolada de fraccionamientos a los que inadecuada e ilegalmente llaman “privados”, cerrar las calles y limitar el paso de las personas que se deben someter a cuestionamientos, levantamiento de datos y algunas veces hasta la entrega temporal de documentos de identificación, sigue siendo un delito porque viola el derecho al libre tránsito amparado por la Constitución. Lo que han hecho en muchos estados y municipios de la República, si no es que en todos, es “regularlo” ilegítimamente en las leyes de desarrollo urbano, pero no tiene validez jurídica porque ningún reglamento estatal ni municipal está por encima de la Constitución. De manera que, ya sea que, como señalan las diferentes versiones de la ubicación exacta de las detenciones, estuvieran fuera o dentro del fraccionamiento, no constituye ningún delito.
Otro derecho que ampara la Carta Magna es la libre manifestación de las ideas, incluyendo la manifestación en la vía pública. Tampoco de eso pueden ser acusados. En las fotos y videos compartidos en redes sociales, no se ven tampoco elementos que hagan suponer que el pequeño grupo estuviera causando algún daño a las altas bardas de piedra que delimitan el fraccionamiento ni cometiendo robo o agrediendo personas.
Entonces, la pregunta obligada al alcalde es ¿De qué se les acusa a las y los manifestantes para que hayan sido detenidos? Desde el punto de vista ideológico, también son condenables estas detenciones si consideramos que el gobierno municipal de Ciudad Juárez ostenta las siglas del partido del presidente López Obrador, quien ha sido muy reiterativo al referirse al respeto al derecho a disentir y a la libre manifestación de las ideas. Esta decisión del alcalde es contraria a los principios de la 4T y al compromiso de sus líderes de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.
Como estrategia política y de seguridad pública, la represión violenta ha demostrado ser contraproducente si el objetivo es contener la eventual violencia de las manifestaciones callejeras o conquistar la preferencia del electorado. Lo único que se logra con esas prácticas, dignas del fascismo más radical y, junto a otras formas de abuso de poder, burlas de los colaboradores del mandatario en cuestión y negación del respeto a los derechos, al más puro estilo panista, es acrecentar el enojo de la ciudadanía y el voto de castigo contra el actor político y el partido al que representa.
Además de la injusticia, la ausencia de tácticas de persuasión y la violación a los derechos mediante el uso excesivo e innecesario de la fuerza pública contra ciudadanas y ciudadanos que, además, son adultos mayores, principal causa de indignación en este caso, la respuesta represiva no parece una estrategia muy adecuada en las puertas de una elección donde se decidirá, entre muchos otros cargos públicos, si los juarenses deciden continuar o retirarle su confianza a Pérez Cuellar.
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