Chihuahua, Chih. - El fiscal Anticorrupción Luis Abelardo Valenzuela Holguín informó esta noche que debido a que se ha otorgado un mandato judicial para inmovilizar dos bienes inmuebles propiedad de un ex servidor púbico de Ciudad Juárez, una de las cuales estaría ocupada por el presidente municipal con licencia Cruz Pérez Cuéllar, por lo que con esto “nadie puede hacer uso de estos inmuebles”.
En rueda de prensa, detalló que todo se derivó de una denuncia presentada por algunos representantes populares de esta ciudad, así como de organismos no gubernamentales y de investigación periodística, por lo que “esta Fiscalía Anticorrupción tuvo bien Iniciar una carpeta de investigación por el delito de enriquecimiento ilícito, cometido por el probable responsable de siglas D.S.P.M. y en la presente investigación se señala el valor comercial de una casa habitación que asciende aproximadamente a los 26 millones de pesos”, y destacó que este servidor público estuvo colaborando en varias administraciones estatales y el enriquecimiento “se llevó a cabo desde el primer día que entró al servicio”.
Por lo tanto, agregó, con fundamento en los artículos 229 y 230 del Código Nacional de Procedimientos Penales “hace unos momentos un juez de control nos acaba de obsequiar un mandato judicial para el aseguramiento de los dos bienes inmuebles, ambas casa-habitación ubicadas en la calle Fresno número 1564 y 1642 del fraccionamiento Campestre en esta ciudad”, que serían propiedad de quien en fuentes periodísticas se ha identificado como Daniel Simón P.M.
Justamente en el mismo momento en que se llevó a cabo la rueda de prensa desde la ciudad fronteriza “se están desahogando las diligencias de ejecución del aseguramiento de ambos bienes, conforme a la ley requerida, todo esto encuadrado en el Código Nacional de Procedimientos Penales para los efectos del delito de enriquecimiento ilícito, en el que el patrimonio del servidor público comprende todo aquel que adquirió por sí mismo y cómo fue su evolución patrimonial, misma que debe ser acorde a sus ingresos económicos y por ello es que se justifica el aseguramiento que se realizó mediante control judicial, es decir no fue una decisión unilateral de esta representación social del Ministerio Público, sino que lo resolvió el órgano jurisdiccional”.
Esto, porque es necesario conocer el valor comercial actual de dichos inmuebles, incluyendo sus mejoras, remodelaciones y/o cambios que hayan propiciado la plusvalía de los mismos, además de que “es de suma importancia el aseguramiento ya que el propietario puede ejercer actos de dominio como venderlas, donarlas, arrendarlas o simular actos jurídicos y las mismas se encuentran bajo investigación derivado de la denuncia interpuesta por hechos con apariencia del delito de enriquecimiento ilícito contemplado en los artículos 272 y 273 del Código Penal del Estado, dentro del catálogo de los delitos por hechos de corrupción, que son materializados por servidores públicos, delitos que atentan contra el correcto funcionamiento de la administración del estado y de la sociedad juarense”.
Sin querer decir nombres, dijo que una de las casas “estaba habitada por una familia, a la que se le ha dado la oportunidad de sacar sus pertenencias y desalojar, todo con respeto a derechos humanos, se sacó a la gente, a los niños, sin hacer uso de la fuerza ni de otros elementos autorizados".
Sobre el alcalde Pérez Cuéllar negó que hubiera alguna orden de aprehensión, pero destacó que por ahora se está en la etapa de averiguación, por el momento el proceso solo se lleva a cabo en contra de la persona señalada, porque “lo que queremos es no caer en lo que se hacía antes en la violación al debido proceso y a la presunción de inocencia, y por ahora estamos en la etapa de judicialización de esta carpeta que tiene todos los elementos para acreditarse un presunto enriquecimiento ilícito”.
Acompañado por el vicefiscal emérito Gabriel Ruiz Gámez, el jefe de asesores Diego Alejandro Cárdenas Luján, el director de la policía Ramón Domínguez Perea, consideró que este casto “debe marcar un precedente en el ejercicio del servicio público aquí en Juárez, los delitos por hechos de corrupción laceran a toda la comunidad con independencia de quién efectúe el hecho delictivo, pues cuando lo comete un servidor público de cualquier esfera de gobierno el dinero que distrae de su objeto, se traduce en falta de servicios y oportunidades para la población en general y mucho más para los que menos tienen”.
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