Por Hortensia Aragón.- Históricamente el poder siempre ha sido ejercido por aquellos que se dicen ser “los hombres más fuertes”, pero también la historia nos ha demostrado, que no necesariamente son los que han sido los mejores para gobernar, de tal forma, que los que eran físicamente más débiles, menos rápidos o ágiles, no tenían la posibilidad de liderar la manada, sin que ello pudiera permitir que demostrarán sus habilidades para estar al frente del poder.
En el año 2024, después de muchas luchas se empiezan a visibilizar a las minorías, exigiendo el respeto de los derechos de las mujeres, de las personas con discapacidad, de la diversidad sexual, de los pueblos y comunidades indígenas, afroamericanas y de todas las personas que no se representan en una democracia como la nuestra, en donde hemos sido excluidas y relegadas, donde no hemos sido escuchadas y en donde las leyes y las políticas públicas no nos han tenido como prioridad, sin programas que resuelvan de raíz las problemáticas cotidianas que conflictúan al país y al estado.
El respeto a los derechos de las minorías, aún tiene una gran brecha, ya que, para su exigencia, se tiene que trabajar en la deconstrucción de la mayor parte de la sociedad y de las instituciones, ya que, en su mayoría no se encuentran sensibilizados, por lo que, difícilmente logran empatizar con las realidades tan diversas a las que nos enfrentamos día con día.
Uno de los derechos que apenas se empiezan a visibilizar, es el de la participación, ya que, México es un país que se jacta de ser democrático y pero poco inclusivo, en donde los tribunales tienen que aplicar acciones afirmativas con el objeto de que las autoridades respeten a las minorías, y les sea reconocido su derecho a la participación, como lo es, en el caso de Chihuahua, en donde en este proceso electoral local 2023-2024, el Instituto Estatal Electoral en los criterios para el cumplimiento del principio de paridad de género e implementación de medidas afirmativas aplicables para el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular en el Proceso Electoral Local 2023-2024, tuvo que hacer algunas modificaciones en acatamiento a resolución del Tribunal Electoral a fin de que además de la paridad de género, se incluyeran fórmulas de personas de la diversidad sexual y fórmula de personas con discapacidad en las candidaturas que cada partido debiera postular.
Sin lugar a dudas, estas acciones afirmativas pretenden revertir la deuda histórica que se tiene con las minorías, así como cualquier desigualdad en el ejercicio de los derechos político-electorales y de esta forma compensar la desventaja que por años han tenido que enfrentarse los grupos vulnerables en nuestro país.
Pero, ¿sólo tendría que ser después de una exigencia de algún tribunal?, es pertinente y urgente que nuestras leyes, y que la legislatura entrante, realicen un estudio y análisis pormenorizado, en donde se dejen de favorecen a las mayorías y se tornen en una legislación incluyente que permita la participación activa de quienes en un esquema diseñado para los más favorecidos, permita que todas y todos seamos escuchados y que se pueda transitar hacia una verdadera democracia.
Para que esto suceda tenemos que encontrar estrategias en donde no solo se reforme la ley, si no que, se garantice la sensibilización en las escuelas, con nuestras niñas y niños, con las personas adultas mayores, con mujeres y hombres deconstruidos, con una sociedad civil organizada incluyente, con partidos políticos y candidaturas independientes que se queden solo en discursos. ¿Qué vamos a hacer? Es la pregunta que nos seguimos haciendo, es por eso que hoy propongo, una reforma integral a la Constitución Política del Estado de Chihuahua, a la Ley Electoral, Código Municipal, a la Ley Estatal de Educación, la Ley de los derechos de las Personas Adultas Mayores, Ley estatal de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, Ley Estatal de Salud, entre muchas otras, que permitan a partir de mesas de trabajo y de dialogo real, escuchar a quienes necesitan ser escuchadas para que juntas y juntos podamos garantizar la representación en los cargos públicos de las minorías, y así adoptar como estado las medidas y ajustes razonables para evitar cualquier tipo de discriminación y de violencia, y así todas ejerzan de manera plena y efectiva la vida política y pública en igualdad de condiciones, el pleno respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales.
Necesitamos que cada uno de los poderes del estado, sean garantes de los derechos político-electorales de las minorías, y así en conjunto y desde su ámbito de competencia, seguir desarrollando diversos criterios que sean fundamentales para alcanzar un avance progresivo del principio de igualdad formal y material.
¿Cómo saber si lo que se está haciendo da resultado? Sencillo, veamos cómo están integrados los Ayuntamientos y nuestro Congreso Estatal, las Cámaras de Senadores y de Diputados y nos daremos cuenta si existe una real inclusión, y nuestras leyes y no son solo un discurso. Aún no se definen las candidaturas de representación proporcional para el proceso electoral que esta concluyendo, pero veamos cuantas regidurías, diputaciones locales y federales y senadores, serán ocupadas por mujeres, por personas de la diversidad sexual, por personas migrantes, por personas de pueblos y comunidades indígenas, por personas con discapacidad y entonces veremos que lo que se esta haciendo es real, o solo es simulación, y nos daremos cuenta que tanto necesitaremos trabajar para garantizar la representación real de las minorías en los procesos electoral de 2027 y 2030.
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