Chihuahua, Chih. – El diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Jorge Soto presentó hoy una iniciativa en el Congreso del Estado para reformar la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a fin de incluir sanciones específicas contra el acoso laboral, acoso sexual, abuso sexual y hostigamiento sexual, cometidos por servidores públicos.
Esto, ya que pese a su relevancia y a los muchos casos que se han registrado y denunciado, y otros que permanecen en silencio a lo largo de la historia, no están contemplados como faltas graves en la legislación vigente.
El legislador destacó que la propuesta responde a la necesidad de erradicar conductas que vulneran los derechos humanos y generan entornos laborales hostiles. “La violencia laboral afecta directamente el desarrollo personal, profesional y social de las víctimas. Es fundamental que desde la ley administremos las herramientas necesarias para prevenir y sancionar estos actos”, afirmó Soto.
La iniciativa propone adicionar definiciones y medidas específicas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, estableciendo que estas conductas sean sancionadas con suspensión, destitución e incluso inhabilitación de los servidores públicos responsables. También se incluyen medidas cautelares que protejan los derechos humanos y laborales de las víctimas durante el proceso.
Soto señaló que la situación es particularmente grave en Chihuahua, donde el 37.8% de las mujeres mayores de 15 años ha sufrido violencia laboral en algún momento de su vida. "No podemos permitir que actos como el acoso laboral y sexual sigan ocurriendo en la administración pública. Es una deuda que tenemos con las y los trabajadores que enfrentan estas agresiones en silencio por temor a represalias", agregó el diputado.
La propuesta busca alinear la normativa nacional con tratados internacionales y protocolos existentes, asegurando un entorno laboral digno y respetuoso. Con estas reformas, se pretende fortalecer la cultura de respeto y equidad en el servicio público, creando un marco jurídico que proteja a todas las personas contra cualquier forma de violencia en el ámbito laboral.
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