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Chihuahua, Chih.- El coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, PRI, y presidente de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas del Congreso del Estado Arturo Medina, celebró que el presupuesto local para el 2025, contempla un incremento histórico para atención de pueblos originarios. 

El legislador destacó que el monto de inversión para atención exclusiva de población indígena en 2025, ha crecido en más de 65 millones de pesos en relación con el año en curso; resaltó además la inclusión de un nuevo programa para impulsar el empoderamiento económico de las familias indígenas mediante la operación de proyectos productivos y otros emprendimientos. 

Medina aseguró que con la implementación de este tipo de programas, se contribuye de forma eficaz con el desarrollo de capacidades de las familias y comunidades para gestionar su desarrollo económico. 

Destacó además el aumento de más de 32 millones de pesos para fomentar la protección de derechos de las personas integrantes de los pueblos originarios y un crecimiento de más de 2 millones de pesos para incentivos a estudiantes para su profesionalización. 

El líder legislativo señaló que además de los rubros etiquetados explícitamente como de atención a población indígena, estas comunidades se verán directamente beneficiada por incrementos históricos en otros rubros de los que de forma prioritaria son beneficiarios los pueblos originarios. 

En este sentido resaltó el incremento general de más de 51 mil millones en los rubros destinados a educación, salud y protección social, además de los más de mil 400 millones de pesos que se orientaron para la atención de la crisis por la sequía; todos estos ejes, señaló, atienden de forma especial a las familias indígenas, por lo que los aumentos reflejados en estas áreas del presupuesto beneficiarán prioritariamente a los pueblos originarios de la entidad.

Medina Aguirre aseguró grandes avances en la inversión pública para el desarrollo de los pueblos originarios de Chihuahua y celebró que se haya logrado una fiscalización estratégica de los recursos para impulsar áreas clave para el desarrollo integral de las familias y el fortalecimiento de las comunidades.

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