Chihuahua, Chih. - Con el objetivo de analizar la iniciativa para tipificar el narcoterrorismo, presentada por el diputado de Movimiento Ciudadano Francisco Sánchez, este jueves la Comisión de Justicia aprobó la instalación de una mesa técnica.
En el documento, Sánchez dice que el “terrorismo es violencia premeditada, políticamente motivada y perpetrada contra objetivos no combatientes por grupos subnacionales o agentes clandestinos, normalmente con la intención de atemorizar a la población”, de cuyo término “se ha abusado del término indiscriminadamente”.
Asevera que a lo largo de varias décadas, el Gobierno Mexicano se ha esforzado arduamente en ocultar la existencia de actos violentos realizados por diversas agrupaciones guerrilleras, o inclusive actores radicalizados antigubernamentales que dejaron muy atrás la línea conceptual de su actuar y llegaron al extremo, pero en los últimos días se han presentado actos por parte de grupos que pertenecen al crimen organizado con un elevado nivel de violencia, “nunca antes presentado en las décadas anteriores”.
Además, expone que una de las formas en que se ejerce el terrorismo es “el narcoterrorismo”, que puede definirse como la existencia de mensajes y acciones, que buscan atemorizar a la población en general, a servidores públicos en los tres órdenes de gobierno y a los tres poderes de la Unión, son “actos llevados a cabo por los cárteles de la droga o grupos del crimen organizado y no tienen como fin último un objetivo político o ideológico.”
Puntualiza que Chihuahua ha sido víctima de intereses de criminales que han protagonizado diferentes ataques violentos a la población civil, como por ejemplo, expone, “del 7 de agosto del año 2022 al 13 de agosto del mismo año, se presentaron hechos violentos en distintas entidades federativas del país, mientras que en Chihuahua (Ciudad Juárez) todo se derivó de una riña registrada en el Cereso 3 de Ciudad Juárez, entre "Los Chapos" y "Los Mexicles", que fue detonante de la ola de violencia que se vivió en el estado.
Así, su propuesta es reformar el Código Penal del Estado para imponer de 15 a 40 años de prisión, a quien realice acciones, con o sin violencia, o emita mensajes con la amenaza de realizar esas acciones, dirigidos a la población en general o a un sector de ella, con el objetivo de causar temor, provocar alarma, para atentar contra la seguridad pública o presionar a la autoridad o a un particular, u obligarlo para que tome cierta determinación.
Para ello, durante la reunión de la Comisión de Justicia que tuvo lugar este jueves, sus integrantes aprobaron instalar una mesa técnica, con la participación de expertos y conocedores del tema, a fin de analizar los pros y contras de la propuesta.
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