Chihuahua, Chih. – Una difícil situación es la que están viviendo trabajadores del municipio de Camargo que se mantienen en huelga, debido a las acciones del alcalde panista Jorge Aldana, quien dijeron el pasado viernes ejerció violencia contra los manifestantes pertenecientes a un sindicato, ante la concesión de un contrato para recolección de basura a una empresa particular.
En rueda de prensa esta mañana con el coordinador del grupo parlamentario de Morena Cuauhtémoc Estrada, los trabajadores Ernesto Leyva y Eduardo Talamantes acusaron que el gobierno municipal ha estado ejerciendo acoso y violencia contra ellos, por lo que ya este lunes se presentó una denuncia penal en contra de los agresores.
Relató que “fue una agresión directa contra mí, el policía llega en mi contra, me golpearon y quedé inconsciente en ese momento, nos retuvieron después en la comandancia mientras se da una especie de negociación para liberar el lugar y a cambio de eso liberar a la gente, como si fueran otros tiempos”.
Explicaron que todo empezó con la adjudicación directa que otorgó el alcalde de un contrato de casi 3 millones de pesos al mes por el servicio de recolección de basura al Grupo Sanru, que según los denunciantes, es propiedad de un familiar del alcalde camarguense; cuando antes representaba un gasto de 800 mil pesos, aumentando casi cuatro veces, siendo un contrato autorizado a una empresa particular por 15 años por cerca de 33 millones de pesos por año.
Debido a que están en huelga han enfrenado varios problemas no solo por la falta de recursos sino porque sus familiares están ahora sin servicio médico, cuando “el derecho a la manifestación es de todos los ciudadanos”, señalaron.
Entre las personas en huelga dijeron que hay 54 mujeres y 18 madres solteras, incluso algunas en estado de gravidez, que “las citaron en un punto para darles a conocer su baja de manera arbitraria, ejerciendo presión sobre algunas, y pues ahora no saben cómo salir adelante sin recursos y sin servicio médico porque hay situaciones difíciles, estamos muy desesperados”, porque incluso dicen que han sido boletinados para que otras empresas no los contraten.
Por su parte, el diputado Estrada dijo que están apoyando con la solicitud a la Autoría de Camargo se incluya en las auditorias forenses, que “es importante porque uno de los elementos que mayormente ha influido es la concesión del contrato a esta empresa particular”.
Explicó además que los 116 trabajadores que han sido despedidos podrían ser reinstalados sin más como lo señalan en el pliego petitorio, o bien, pedir su reinstalación por la vía judicial, así como la autoridad reflexione y reinstale a las personas.
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