Por Katya Galán.- El pasado viernes 14 de febrero, fue publicada en El Diario de Chihuahua una columna de opinión que, disfrazada de preocupación por la seguridad de los usuarios, esconde un mensaje de fondo que no puede pasarse por alto: la estigmatización de ciertos sectores sociales y la noción de que hay espacios que no merecen la representación política.
La columna en cuestión aborda la instalación de una casa de enlace del senador morenista Juan Carlos Loera en un inmueble ubicado en la calle Victoria y Calle 12, en la capital del estado. En lugar de centrarse en la importancia de este espacio para el acercamiento del legislador con la ciudadanía, el artículo hace énfasis en su entorno, destacando la presencia de hoteles y casas donde se ejerce el trabajo sexual regulado, así como la ocurrencia de delitos del fuero común. ¿Cuál es el subtexto de este relato? ¿Que la atención legislativa debe restringirse a barrios de “prestigio” según los parámetros clasistas? ¿Que quienes habitan estas zonas no tienen derecho a acceder a sus representantes?
Desde una perspectiva sociológica, las ciudades se estructuran a partir de la interacción entre distintos sectores sociales. Los espacios populares, lejos de ser un problema, son el corazón de la vida económica y comunitaria de una ciudad. Colocar una casa de enlace en una zona de trabajo, comercio y vida cotidiana no solo es una decisión funcional, sino que responde a una lógica de cercanía con la ciudadanía real, aquella que enfrenta diariamente las consecuencias de las decisiones políticas tomadas por sus representantes.
Además, si la preocupación es la incidencia delictiva, es fundamental reconocer que la comisión de delitos surge principalmente de la marginación social y la falta de oportunidades. La solución no radica en estigmatizar ciertas áreas, sino en invertir en ellas y garantizar que sus habitantes tengan acceso a servicios y oportunidades de desarrollo. Sectores históricamente abandonados y estigmatizados, como las y los trabajadores sexuales, también tienen derecho a la representación legislativa y al acceso a ser escuchados para la toma de decisiones que afectan sus vidas.
La criminalización velada de ciertos espacios urbanos no es un fenómeno nuevo, sino una estrategia históricamente utilizada para justificar el abandono de determinadas zonas y la marginación de quienes las habitan. Bajo el discurso de la seguridad y el orden, sectores populares son señalados como focos de delincuencia, cuando en realidad son víctimas de un modelo económico que los ha dejado al margen de las oportunidades y del desarrollo urbano integral.
El gobierno de la Cuarta Transformación (4T) ha enfatizado la necesidad de revertir estas condiciones estructurales, apostando por la inclusión, la inversión en infraestructura y la creación de oportunidades para sectores tradicionalmente olvidados. La instalación de una casa de enlace en una zona trabajadora y popular no es un acto fortuito, sino una manifestación de esta lógica: llevar la representación política a donde históricamente ha sido escasa y atender de primera mano las necesidades de quienes más requieren ser escuchados.
El discurso de la criminalización funciona como un mecanismo de resistencia por parte de quienes han encontrado en la desigualdad un beneficio propio. Cuando se etiqueta un barrio como “problemático” en lugar de reconocerlo como un espacio donde el Estado debe reforzar su presencia con políticas públicas, lo que se refuerza es la segregación social y se perpetúan las condiciones de exclusión. Esta narrativa es particularmente dañina cuando se dirige contra sectores como las y los trabajadores sexuales, quienes, más allá de los prejuicios, forman parte de la economía y merecen el mismo acceso a la representación y a políticas que protejan sus derechos.
La 4T entiende que la seguridad no se construye con estigmatización, sino con justicia social. En lugar de seguir alimentando imaginarios que justifican el despojo y la exclusión, el reto es fortalecer la presencia del Estado en estos espacios, no desde la represión policiaca como tradicionalmente ha sucedido con los gobiernos neoliberales, sino desde la garantía de derechos, la inversión y la inclusión. No basta con señalar la desigualdad, hay que combatirla, y eso solo se logra llevando la política y la toma de decisiones a todos los rincones del país, sin distinción de clase o de sector social.
En lugar de escandalizarse porque un senador instale su casa de enlace en una zona de trabajadores y sectores populares, la discusión debería centrarse en garantizar que estos espacios cumplan su función: acercar la representación política a la ciudadanía. Tal vez la pregunta que deberíamos hacernos no es por qué un senador instala su oficina en esta zona, sino por qué a algunos les molesta tanto que la política se ejerza donde está el pueblo.
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