Chihuahua, Chih.- El 29 de diciembre de 2009, elementos del Ejército Mexicano detuvieron arbitrariamente a Nitza Paola Alvarado, José Ángel Alvarado y Rocío Irene Alvarado en el estado de Chihuahua. Desde entonces, sus familias desconocen su paradero.
En 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una sentencia en el caso Alvarado Espinoza y otros, en la que determinó que las tres personas fueron desaparecidas forzadamente por el Ejército. También declaró que sus familias han enfrentado amenazas, desplazamiento forzado y graves afectaciones a su integridad. La Corte resolvió que el caso sigue en la impunidad y ordenó una serie de medidas de reparación, las cuales, a la fecha, no han sido cumplidas en su totalidad por el Estado mexicano.
Esta sentencia ha sido central en la discusión sobre la militarización de la seguridad en un país donde actualmente existen más de 124 mil personas oficialmente reconocidas como desaparecidas.
Ante el permanente incumplimiento y a solicitud reiterada de las familias y sus representantes, la Corte IDH ha convocado a una audiencia pública de supervisión de cumplimiento, que se llevará a cabo el jueves 27 de marzo a las 9:00 horas (hora de México). La sesión será transmitida en vivo a través de las cuentas de Facebook y YouTube de la Corte IDH.
En esta audiencia se revisará el avance en el cumplimiento de las siguientes medidas ordenadas por la Corte:
1. Búsqueda de las víctimas
2. Sanción a los responsables
3. Tratamiento psicológico para las familias
4. Acto público de reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado
5. Inclusión de las familias en programas de apoyo para sus proyectos de vida
6. Garantías de retorno o reubicación para las familias desplazadas
7. Medidas para garantizar la seguridad e integridad de las familias
8. Fortalecimiento del registro de personas desaparecidas
9. Capacitación en derechos humanos para las Fuerzas Armadas y la policía
Esta audiencia representa una oportunidad para avanzar en el rápido cumplimiento de una sentencia internacional, cuyas reparaciones no solo tienen un efecto directo para las víctimas del caso, sino en la adopción de medidas estructurales en temas fundamentales en materia de derechos humanos en México.
Hola, déjenos un comentario