Chihuahua, Chih.- La diputada Leticia Ortega Máynez, integrante de la Fracción Parlamentaria de Morena, fijó su postura con firmeza contra la iniciativa presentada por el diputado panista Carlos Alfredo Olson, la cual propone la creación de Unidades de Atención Especializada a Víctimas de Violencia Sexual, pero impone restricciones inconstitucionales al derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo producto de violación.
Ortega Máynez subrayó que, si bien la atención médica y psicológica a víctimas es un componente positivo, la reforma está plagada de disposiciones que vulneran derechos sexuales y reproductivos ya garantizados. “Esto está en contra de lo que ya dictaminó la Suprema Corte de Justicia”, afirmó la legisladora.
La diputada recordó que el máximo tribunal del país ha establecido criterios firmes respecto al acceso al aborto por violación. “La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se manifestó con una serie de criterios que son públicos, pero para poder ser más específicos, menciono el siguiente: ‘La imposición de un límite de semanas para acceder al procedimiento de aborto por violación se considera revictimización y contrario al interés superior de la víctima, pues impone barreras adicionales a quienes ya han sufrido agresiones sexuales’”, citó.
Uno de los puntos más preocupantes de la iniciativa de Olson, explicó Ortega Máynez, es que convierte en obligatoria la denuncia ante el Ministerio Público como requisito para acceder a la interrupción del embarazo, lo cual contraviene lo establecido en la NOM-046 y por la propia Suprema Corte. Además, señaló que el proyecto introduce la presencia de agentes del Ministerio Público en hospitales para iniciar carpetas de investigación de forma inmediata: “Esto ya existe. Esto ya es una realidad en la norma y en la resolución de la SCJN”.
La diputada también cuestionó que la propuesta incluya asesoramiento obligatorio con énfasis en alternativas como la adopción, lo que, en sus palabras, “puede interpretarse como un intento de disuadir a las víctimas”.
“Por supuesto que estoy en contra de esta perspectiva que se propone, porque camuflajea en una serie de silogismos el hecho de irse por el lado de la justificación, de hacer justicia y que el abuso sea castigado. Pero a ver, son dos cosas diferentes: una es el abuso, la violación, quien la cometió y que debe ser juzgado, y otra, la decisión de las víctimas a someterse a un procedimiento de interrupción del embarazo”, sostuvo Ortega Máynez.
Finalmente, la legisladora llamó a no permitir retrocesos disfrazados de justicia: “Esta no es la forma. Esta iniciativa solo revictimiza a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo por violación, sobre todo, adolescentes”.
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